La administración de Joe Biden en EEUU cumplirá con su promesa de volver a imponer sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a menos que Caracas tome medidas concretas a más tardar el jueves para liberar a los rehenes estadounidenses y dar inicio a un proceso de reformas democráticas.
La Casa Blanca alivió las sanciones al sector petrolero del
país el mes pasado después que Maduro alcanzara un acuerdo tentativo con
líderes de la oposición venezolana en aras de realizar elecciones presidenciales
competitivas el próximo año.
Pero los funcionarios de la administración Biden
establecieron dos condiciones para levantar las sanciones de Estados Unidos en
ese momento y le dijeron a Maduro que tenía que cumplir ambas antes del 30 de
noviembre.
Maduro primero debe “comenzar la liberación” de todos los
rehenes estadounidenses actualmente detenidos en el país, según un comunicado difundido
por la Casa Blanca.
Tres ciudadanos estadounidenses están bajo detención en
Venezuela
En segundo lugar, Maduro debe “definir un proceso y un
cronograma de pasos específicos para la reinstalación acelerada de todos los
candidatos” que quieran postularse para la presidencia, garantizando su
libertad de movimiento y seguridad física.
Juan González, director senior para el Hemisferio Occidental
del Consejo de Seguridad Nacional, declaró públicamente que esto debe incluir a
María Corina Machado, quien es ampliamente considerada como la dirigente
opositora con mayores opciones de vencer a Maduro en las elecciones.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo el martes que la
administración está comprometida con la fecha límite del 30 de noviembre.
“Nuestra declaración sigue siendo válida”, dijo el funcionario.
El gobierno estadounidense ha estado esperando que desde
Caracas cumplan con los compromisos que asumió en una serie de negociaciones
celebradas a lo largo del año con miembros de la administración Biden.
Las conversaciones culminaron con la firma el mes pasado en
Barbados de un acuerdo con líderes de la oposición para celebrar elecciones
presidenciales el próximo año.
Esos compromisos incluían permitir que cualquier líder de la
oposición compitiera, implementar reformas profundas al sistema electoral
venezolano, permitir que los observadores internacionales supervisen los
comicios, y liberar a todos los presos políticos.
A cambio, la administración otorgó una licencia general de
seis meses que autorizaba temporalmente transacciones estadounidenses
relacionadas con el sector de petróleo y de gas en Venezuela, y una segunda
licencia general que autorizaba las operaciones de la estatal Minerven, una
empresa minera de oro previamente sancionada que había estado comercializando.
Según informes de prensa, Maduro ya ha tomado medidas para
aprovechar las nuevas licencias, estableciendo una serie de acuerdos tentativos
con compañías petroleras internacionales para impulsar la producción del país.
Además de la española Repsol y la italiana Eni, que ya
trabajan con Venezuela en proyectos de gas desde hace algún tiempo, la empresa
francesa Maurel & Prom anunció que reanudará sus operaciones en el lago de
Maracaibo, en el este de Venezuela, informó el diario español El País.
Otras empresas que buscan regresar al país sudamericano
incluyen China Petroleum e Indian Oil, que ya se han puesto en contacto con
Caracas, mientras que funcionarios de Maduro han confirmado conversaciones para
desarrollar proyectos de gas con la colombiana Ecopetrol.
No obstante, narran, Maduro ha dado pocas señales de estar
dispuesto a cumplir su parte del acuerdo de octubre con Washington.
En lugar de levantar la prohibición que impedía a varios altos líderes de la oposición postularse para cargos público, el gobierno venezolano, a través de su Corte Suprema, emitió un nuevo fallo que desmantela los resultados de una elección primaria celebrada por la oposición el mes pasado, en el que Machado obtuvo más del 92% de los votos.
Esto fue visto en Estados Unidos como una señal de que
Maduro no tiene intención de cumplir su palabra. “Les tomó sólo dos semanas
violar” el acuerdo, dijo el senador estadounidense de la Florida Marco Rubio al
secretario de Estado Antony Blinken en una audiencia reciente en el Senado.
“Cancelaron las elecciones primarias de la oposición y
continúan prohibiendo al ganador de las primarias. Básicamente borraron las
elecciones. Han roto el trato. ¿Vamos a volver a imponer sanciones?” preguntó
el senador.
Esa opción está sobre la mesa, respondió Blinken. “No están
obteniendo permiso para tomar acciones que contradicen los compromisos que han
asumido para avanzar hacia elecciones libres y justas”, dijo. “Estamos siguiendo
esto con mucho cuidado”.
Fuente: El Nuevo Herald