El decreto de Trump, de unas 700 palabras, declara que los niños nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros ya no serán considerados ciudadanos.
La guerra judicial no se ha hecho esperar en el segundo
mandato de Donald Trump. Este martes, apenas horas después de que el nuevo
presidente firmara el decreto entre una avalancha de órdenes ejecutivas, 22
Estados han interpuesto un par de demandas para frenar la que bloquea la
ciudadanía por nacimiento. La política, que tiene más de un siglo de
precedente, garantiza que los bebés nacidos en Estados Unidos sean ciudadanos
estadounidenses independientemente del estatus migratorio de sus padres, bien
sean migrantes sin papeles, estudiantes con visa o hasta turistas. Deshacerse
del precedente legal, respaldado expresamente por la Enmienda 14 de la
Constitución, era una promesa del republicano y la ha cumplido en el primer
día.
El decreto de Trump, de unas 700 palabras, declara que los
niños nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros ya no serán considerados
ciudadanos. El argumento es que como los hijos de no-ciudadanos no están
“sujetos a la jurisdicción” del país, tampoco están protegidos por la
Constitución. Asimismo, la orden cuestiona que la Enmienda 14, que es
considerada una de las más importantes y la que acabó con la esclavitud después
de la guerra de Secesión, le otorgue la ciudadanía automáticamente a cualquier persona
nacida en territorio estadounidense. “Todas las personas nacidas o
naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos
de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”, dice la enmienda en
cuestión.
En concreto, la orden de Trump excluye a los siguientes
grupos de la ciudadanía automática: las personas cuyas madres no estén
legalmente en Estados Unidos y cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses
o residentes permanentes legales, y las personas cuyas madres estén en el país
legalmente pero de forma temporal y cuyos padres no sean ciudadanos o
residentes permanentes legales. Además, prohíbe a los organismos federales
reconocer la ciudadanía de las personas incluidas en esas categorías. Entrará
en vigor dentro de 30 días, el 19 de febrero.
Ante esto, 18 Estados junto con el Distrito de Columbia y la
ciudad de San Francisco han recurrido el decreto en un juzgado federal.
Consideran que el intento de Trump de limitar la ciudadanía por derecho de
nacimiento es “extraordinario y extremo”, según el fiscal general de Nueva
Jersey, Matthew J. Platkin, quien encabeza el esfuerzo. “Los presidentes son
poderosos, pero él no es un rey. No puede reescribir la Constitución de un
plumazo”, dijo Platkin. Además de Nueva Jersey y las dos ciudades, se unieron a
la demanda para detener la orden California, Massachusetts, Colorado,
Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada,
Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont y
Wisconsin. Por su parte, Arizona, Illinois, Oregón y Washington presentaron su
propia demanda ante un tribunal federal.
El fiscal general de Connecticut, William Tong, ciudadano
estadounidense por derecho de nacimiento y primer fiscal general
chino-americano elegido en el país, dijo que la demanda era algo personal para
él: “La 14ª Enmienda dice lo que significa, y significa lo que dice: si naces
en suelo estadounidense, eres estadounidense. Y punto. No hay debate legal
legítimo sobre esta cuestión. Pero el hecho de que Trump esté totalmente
equivocado no le impedirá infligir un grave daño ahora mismo a familias
estadounidenses como la mía”.
Además de los fiscales generales, varios grupos pro
inmigrantes también se han puesto en acción. Apenas horas después de que Trump
firmara la orden ejecutiva, por ejemplo, las filiales de la Unión Americana de
Libertades Civiles (ACLU) en New Hampshire, Maine y Massachusetts, junto con
otros defensores de los derechos de los inmigrantes, presentaron una demanda
ante el tribunal federal de New Hampshire. La demanda pide al tribunal que
declare que la orden es inconstitucional. “Despojar a los niños del ‘tesoro
incalculable’ de la ciudadanía es un grave perjuicio”, dice la demanda. “Les
niega la plena pertenencia a la sociedad estadounidense a la que tienen
derecho”.