El activista Adrián LeBarón indicó que pidieron a la FGR que investigue el caso como terrorismo Crédito: LeBarón
Integrantes de la familia LeBarón denunciaron ante la
Fiscalía General de la República (FGR) la muerte de un niño de 15 años que
falleció tras explotarle una mina terrestre en el municipio de Buenavista
Tomatlán, Michoacán.
La tragedia que sacudió a Michoacán el pasado fin de semana,
con la muerte de Pablo R., un niño jornalero, ha puesto nuevamente en el foco
la violencia que azota al estado.
La Voz de Michoacán reportó que el menor falleció tras la
explosión de una mina improvisada mientras trabajaba en una parcela de limón en
la comunidad de Santa Ana Amatlán, en el municipio de Buenavista Tomatlán. Este
hecho también cobró la vida de José, un hombre de 43 años que lo acompañaba.
En respuesta, los activistas Adrián LeBarón Soto y Bryan
LeBarón Jones presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República
(FGR), calificando el incidente como un acto de terrorismo.
De acuerdo con la denuncia, entregada en la Fiscalía
Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, la
colocación de minas explosivas en zonas rurales de Michoacán tiene como
objetivo sembrar el terror entre la población y disuadir a grupos rivales de cruzar
por territorios controlados por organizaciones criminales. Sin embargo, los
principales afectados son los civiles, quienes enfrentan las devastadoras
consecuencias de estos artefactos.
Según consignaron los activistas en su denuncia, la muerte
de Pablo no es un caso aislado. Desde 2024, Michoacán ha sido escenario de
múltiples explosiones de minas antipersona que han cobrado vidas y dejado
heridos. En marzo de ese año, tres campesinos murieron cuando una mina explotó
mientras viajaban en una camioneta entre los poblados de El Caulote y Las
Cruces, en el municipio de Tumbiscatío. La explosión fue tan violenta que
mutiló las extremidades de las víctimas y dejó a dos personas gravemente
heridas.
En diciembre de 2024, otro incidente trágico ocurrió en los
municipios de Cotija y Buenavista Tomatlán, donde al menos cuatro elementos de
la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) murieron y siete más resultaron
heridos durante un operativo para desactivar minas en la región.
Más recientemente, el 13 de enero de este año, un docente de
telesecundaria falleció cuando su vehículo activó una mina mientras transitaba
por una brecha que conecta las comunidades de Las Bateas y El Tepetate, en el
municipio de Apatzingán.
Durante la presentación de la denuncia, Adrián LeBarón enfatizó la gravedad de la situación y la necesidad de que las autoridades actúen con firmeza. “No podemos ser indiferentes cuando un niño de 15 años muere por una mina antipersona en Michoacán. Pablo representa a muchos. Él estaba trabajando cuando se enfrentó a estos artefactos, ahora toda una comunidad tiene miedo porque cualquiera pudo estar en su situación y así millones de mexicanos”, declaró. Además, instó a la Fiscalía General de la República a investigar estos hechos como actos de terrorismo, argumentando que es crucial nombrar y reconocer la magnitud de lo que ocurre en el país.
El activista Adrián LeBarón indicó que pidieron a la FGR que
investigue el caso como terrorismo Crédito: LeBarón
Por su parte, Bryan LeBarón calificó los ataques con minas
como “terrorismo puro” y criticó la inacción de las autoridades. “Los grupos
criminales dejaron explosivos sembrados en las comunidades rurales de Michoacán
y es el pueblo, la gente de a pie, los que están muriendo”, afirmó. También
señaló que las autoridades deberían ser responsables por cada muerte, ya que su
deber es localizar y desactivar las minas colocadas por los cárteles, en lugar
de buscar excusas para criminalizar a las víctimas.
Las minas antipersona, diseñadas para matar o incapacitar a
sus víctimas, han sido utilizadas históricamente en conflictos armados para
desmoralizar a las tropas enemigas, colapsar servicios médicos y dañar
vehículos no blindados. Sin embargo, su impacto persiste mucho después de
terminados los enfrentamientos, convirtiéndose en una amenaza constante para las
comunidades civiles.
En el caso de Michoacán, estas minas han transformado las
zonas rurales en campos minados, donde los habitantes viven con el temor de que
cualquier paso en falso pueda ser fatal.
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