Una jueza federal determinó este lunes que el gobierno de
Trump no podía ponerle fin abruptamente, a finales de este mes, a las
protecciones contra la deportación que existen para inmigrantes venezolanos,
cubanos, haitianos y nicaragüenses bajo un programa de ayuda humanitaria.
Esta decisión representa el más reciente revés legal para
los intentos del presidente Donald Trump de implementar rápidamente cambios
drásticos en el sistema de inmigración.
La jueza federal de distrito Indira Talwani dictaminó que el
gobierno no respetó los límites regulatorios establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo al intentar acortar drásticamente el plazo de dos
años para la finalización del programa.
«Los demandados no han ofrecido ninguna razón sustancial ni
interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió
el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por un período específico
a irse (o a convertirse en indocumentados) antes de la fecha original de
vencimiento de su permiso», escribió Talwani, quien fue designada por el
presidente Barack Obama.
«Tampoco es de interés público declarar de forma sumaria que
cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el
país, lo que les impediría trabajar legalmente en sus comunidades y mantenerse
a sí mismos y a sus familias».
Talwani anuló la decisión de Trump de cancelar, el 24 de
abril, los beneficios migratorios otorgados por razones humanitarias a esos
migrantes bajo el programa del gobierno de Biden conocido como permiso de
permanencia temporal o CHNV (por las siglas de los países).
Según Talwani, dichas protecciones generalmente deben
mantenerse hasta su vencimiento natural, el cual se estableció con la decisión
de octubre de 2024 del gobierno de Biden de que el gobierno federal ya no
otorgaría el parole humanitario a los migrantes bajo ese programa una vez que
venciera el plazo de dos años de los beneficios, que incluye la autorización de
trabajo.
La jueza especificó que su orden se aplica a cualquier intento de finalizar anticipadamente las protecciones de forma masiva y sin una revisión caso por caso.
La demanda fue presentada por inmigrantes con permiso de
permanencia temporal y sus patrocinadores en Estados Unidos, quienes
argumentaron que la suspensión repentina del programa causaría graves daños a
miles de personas en esa situación. El gobierno defendió la pausa como un uso
temporal y legal de la autoridad ejecutiva para una mayor verificación de
seguridad, e insistió en que el parole humanitario es una medida discrecional.
Los portavoces del Departamento de Justicia no respondieron
de inmediato a la solicitud de comentarios sobre el fallo.
«En nombre de todos aquellos que llegaron a Estados Unidos a
través del programa CHNV, hicieron todo lo que el gobierno les pidió y han
estado viviendo con el temor de que su estatus legal y sus permisos de trabajo
les fueran retirados el 24 de abril, nos sentimos aliviados por la decisión del
tribunal, que se basa tanto en el daño que estas personas sufrirían como en su
probabilidad de ganar este caso», declaró Anwen Hughes, abogada del demandante
y directora sénior de estrategia legal para los programas de refugiados de
Human Rights First.
Fuente: Noticia al Día / CNN